Los centros de educación superior y universidades públicas del país podrán ofrecer sus conocimientos, análisis o servicios al Estado con mucha mayor facilidad. Así se deriva de la modificación de la Ley de Contratación Pública que entrará en vigor a partir del 1 de noviembre.
Tal y como lo informó la Oficina del vicepresidente de Gobierno para las Inversiones y la Informatización, todos los poderes adjudicadores, es decir, el Estado, la administración pública y las administraciones locales o regionales podrán adjudicar directamente contratos que estén por debajo del mínimo establecido a cualquier centro de educación superior o universidad, de la misma forma como desde hace tiempo pueden hacerlo con las escuelas de formación profesional.
José Portuondo Foto: TASR
