La intervención pública del jefe de Estado Andrej Kiska en relación con el secuestro del empresario vietnamita Trinh Xuan Thanh mostró matices claros de objetivos políticos. Así lo afirmó el fiscal general Jaromir Čižnár, añadiendo que como resultado de esas declaraciones del presidente estuvo a punto de cancelar su reunión con las máximas autoridades del Estado.
El fiscal general reveló que había contactado a sus colegas de la República Checa y Alemania y que estos prometieron brindarle información más detallada del caso. Los investigadores alemanes, señaló, llevan más de un año trabajando en el caso del secuestro.
Peter Šufliarsky, fiscal general adjunto, a este respecto, ha dicho que los órganos encargados de la aplicación de la ley en Eslovaquia hasta el día 3 de agosto no disponían de información concreta sobre el caso, a pesar de que el miércoles pasado, un ciudadano vietnamita fue condenado en Berlín a tres años y diez meses de privación de libertad por participar en el secuestro.
El pasado viernes, la Oficina del Fiscal General fue informada de que en el secuestro podrían estar implicados nacionales eslovacos, y aceptó a trámite esa querella penal. El caso ha sido asignado a la Fiscalía Regional de Bratislava, que en colaboración con el Órgano de Inspección del Ministerio del Interior, se espera que interroguen nuevamente a los policías que acompañaron a la delegación vietnamita y al ex ministro del Interior Robert Kaliňak.
Čižnar destacó que los fiscales estarán presentes durante cada actuación, por lo que será muy difícil que alguien pueda influenciarlas.
