Desde el 1 de enero los órganos de la administración pública están en la obligación de extraer la copia del registro de antecedentes penales de los ciudadanos directamente de la base de datos de los sistemas de información disponibles. Así lo anunció el lunes el vicepresidente de Gobierno para las Inversiones y la Informatización, Richard Raši, recalcando que se trata de un paso más en la lucha contra la burocracia.
Raši recordó además que en el primer paquete de medidas antiburocráticas se había cancelado la obligación de tener que presentar copias del catastro de bienes inmuebles y del registro comercial y de trabajadores por cuenta propia, y que en noviembre de 2018 se agregó a ese listado la copia del mapa catastral
José Portuondo Foto: TASR
