La coalición ha acordado derogar la ley eslovaca sobre la transformación de la Oficina de Protección de Denunciantes. Bruselas también ha criticado la ley e incluso suspendió el pago de 590 millones de euros del plan de recuperación. Robert Fico afirma literalmente que se trata de un cadáver legislativo, ya que el Tribunal Constitucional suspendió la enmienda y el Gobierno debe reaccionar. «Nosotros respaldamos esta ley, que aprobamos a finales del año pasado, pero debemos respetar la decisión del Tribunal Constitucional», advirtió Fico. El presidente acogió con satisfacción la decisión, mientras que la oposición acusa al ministro del Interior y exige su dimisión.
Mária Mangová Foto: TASR
