Según señala Amnistía Internacional en su informe anual 2025, los cambios constitucionales aprobados en Eslovaquia debilitaron sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos, agravaron la discriminación contra las personas LGBTI y restringieron el derecho, tanto a la educación como a la vida privada y familiar.
El informe también sostiene que se impusieron nuevos y estrictos requisitos legales a las organizaciones no gubernamentales, y las comunidades romaníes siguen expuestas a la discriminación sistémica, especialmente en los ámbitos de la educación y la vivienda.
Al mismo tiempo, constata que la enmienda gubernamental, aprobada por el Parlamento eslovaco a finales de septiembre, consagra dos géneros en la Constitución: hombre y mujer, regula la adopción de menores y aborda la soberanía de Eslovaquia en materia de valores y cuestiones ético-culturales.
