La controvertida compra de radares de tráfico por parte del Ministerio del Interior será investigada por la Fiscalía de la República. Así lo anunció el fiscal general, Maroš Žilinka, en sus redes sociales. Por su parte, el portavoz del Ministerio, Matej Neumann, declaró a la agencia TASR que ellos respetan las acciones de la Fiscalía y brindarán una plena cooperación con el caso.
La polémica estalló el pasado 5 de agosto, cuando el partido de oposición Eslovaquia Progresista alertó que el Ministerio del Interior podría estar instalando radares de fabricación rusa en las carreteras del país, lo que consideran un riesgo importante para la seguridad nacional. La formación política también cuestionó la legalidad de la adquisición de los radares. Por ello, sugieren que, además de la revisión de la Oficina de Seguridad Nacional, los dispositivos sean sometidos a un análisis independiente por parte de organizaciones expertas de países miembros de la UE y la OTAN.
Aunque tanto el Ministerio del Interior como la empresa proveedora, Soitron, rechazaron categóricamente las acusaciones sobre el origen ruso de los equipos, el Ministerio anunció ayer lunes que ha solicitado al proveedor la retirada inmediata de dos radares que se encontraban en fase de pruebas.
