El Tribunal Constitucional ha examinado y declarado ilegal la directiva que obliga a las compaňías telefónicas y otras empresas de comunicaciones electrónicas a almacenar datos personales de los ciudadanos por motivos de seguridad. El Tribunal considera que retener los detalles de todas las comunicaciones electrónicas de los ciudadanos durante un máximo de dos años, como por ejemplo el tipo, el tiempo o la posición del aparato de comunicación, atenta contra los derechos fundamentales y no está de acuerdo con la Constitución. Eslovaquia se ha sumado, de esta manera, a un grupo de otros países europeos que han declarado también ilegal la mencionada norma.
Eva Kopecká, Foto: Juraj Pavlovič