Declaración de personalidades del ámbito judicial sobre derogación “amnistía de Mečiar”

"La anulación de la amnistía de Vladimír Mečiar con una ley constitucional es, en un Estado de Derecho, un medio legal y legítimo. La República Eslovaca ofrecería con ello la protección de sus derechos básicos a las víctimas de los hechos amnistiados, completando así sus obligaciones internacionales. Así mismo aumentaría su autoridad y la credibilidad de la aplicación de la ley y la justicia en Eslovaquia". Con estas palabras se manifestaban un grupo de veintiséis personalidades del ámbito judicial, antiguos magistrados del Tribunal Constitucional, así como jueces del Tribunal Supremo y otros juristas en una declaración en la que explican por qué razón piensan que sería importante, y posible, anular la llamada "amnistía de Mečiar" con una ley constitucional. De esta manera se abre otra oportunidad de debate a los diputados durante la nueva sesión parlamentaria que empieza hoy martes. En el texto de su declaración se recuerda también que la mayor parte del espectro político eslovaco está de acuerdo con que la amnistía entonces otorgada por Vladimír Mečiar fue un acto inmoral. Sin embargo, una buena parte también de ese espectro piensa que los principios generales del derecho impiden la anulación de la misma. Con esta declaración los juristas firmantes pretenden, según indican, rebatir estas dudas. El documento indica también que Vladimír Mečiar, con la concesión de la amnistía no defendió el interés ciudadanos, ni los intereses constitucionales a los que se debe el Presidente en cualquiera de sus decisiones. Los expertos constitucionales y juristas firmantes, indican también que "el abuso de derecho no tiene parangón en la historia moderna de Eslovaquia, y es una mancha en cualquier estado que se considere democrático y legal". Además en el texto recuerdan que existen fundadas sospechas que en las actividades delictivas participaran órganos estatales. "Con la utilización pues de la prerrogativa presidencial de conceder amnistías se impidió investigar estas sospechas, suspendiéndose por tanto los principios de un estado de derecho. Esto es inaceptable en un estado de este tipo", afirman. Finalmente el texto remarca que "en el estado de derecho únicamente se puede derogar una resolución del Tribunal Constitucional a través de la aprobación de una Ley constitucional, procedimiento que queda en manos de los representantes populares, gobernantes soberanos del Estado. Y este procedimiento es perfectamente legítimo y se ha utilizado en varias ocasiones en el sistema constitucional de la República Eslovaca".