El comité parlamentario de Asuntos Constitucionales rechazó este martes las objeciones del jefe de Estado Andrej Kiska a la propuesta de Ley de regulación de las industrias de red y ha recomendado al Pleno de la Asamblea Nacional la aprobación de esta en su versión original. Kiska está convencido de que los cambios aprobados socavan la independencia de la Oficina de Regulación de Industrias de Red (URSO) en la regulación de los precios.
En primer lugar, porque el presidente de URSO no será nombrado y destituido por el jefe de Estado, sino por el gobierno, lo cual, a decir de Kiska, hace que el presidente de ese órgano sea aún más dependiente del gobierno y de la presión política. El segundo motivo es que el Ministerio de Economía o el de Ministerio de Medio Ambiente participarán en el escandallo de los precios.
Según el jefe de Estado, la solución a la falta de regulación pasa por otorgar más independencia al órgano regulador.
"El problema es que la estrategia ha sido mal formulada, los objetivos son contradictorios, existen conflictos de intereses, las reglas no son transparentes y no hay un buen control de las entidades reguladas", alegó Kiska, añadiendo que esa es la razón por la cual en Eslovaquia los hogares y las empresas pagan una de las tasas más elevadas de distribución de energía eléctrica en el marco de la UE.
La modificación de ley introduce novedades como son la separación de las funciones del presidente de URSO y las del presidente del Consejo Regulador, la redefinición de las obligaciones del Consejo Regulador en el proceso de aprobación de la política de regulación y las competencias del Estado en el escandallo de los precios que están relacionados con las entidades reguladas de las industrias de red.
