La posición común, respaldada por una mayoría de países, permitirá a los Estados iniciar en noviembre la negociación final con el Parlamento Europeo sobre la revisión de las normas que regularán el envío de trabajadores a otro Estado de la UE para prestar un servicio por un tiempo determinado.
La Comisión Europea propuso en 2016 revisar esta legislación, que data de 1996, pero hasta el momento había sido imposible un acuerdo, dada la división entre los partidarios de una norma más restrictiva y los que anteponían la libertad de circulación por encima de la competitividad.
Los ministros respaldaron los planteamientos de la Comisión Europea de que los trabajadores desplazados deben cobrar el mismo salario que los locales, y no el salario mínimo del país de destino como establece la directiva actual.
En opinión de Richter, poco a poco se han ido alcanzando soluciones aceptables para Eslovaquia, que crean una buena base para que la directiva se implemente gradualmente en cada país de la UE.
Finalmente, el acuerdo pactado establece que los trabajadores podrán estar desplazados 12 meses antes de que empiecen a aplicárseles las reglas laborales del país de destino y la duración del desplazamiento podrá extenderse otros seis meses si el empleador lo solicita. La Comisión Europea pedía que se fijara en 24 meses.
El periodo de transición será de cuatro años: tres para introducir las normas en la legislación nacional y uno para empezar a aplicarlas.
Richter se mostró convencido de que cuatro años es tiempo suficiente para que las empresas se preparen de manera adecuada.
En el caso del transporte, uno de los temas más polémicos, los ministros aceptaron la propuesta de que las nuevas normas no se apliquen al sector del transporte por carretera hasta que se implemente el llamado "Paquete de Movilidad".
