Anuncian creación de nueva Oficina para la Protección de Informantes

A partir del próximo mes de marzo será puesta en marcha una nueva oficina cuya tarea consistirá en proteger a los llamados whistleblowers, o sea informadores que denuncien actividades contra la sociedad. El Parlamento dio luz verde a la creación de esta oficina el pasado miércoles, aprobando a la vez la enmienda a la Ley sobre la protección de informadores de actividades contra la sociedad. La oficina se encargará de la protección de las personas que alerten de algún delito, controlará el mantenimiento de la nueva Ley y realizará diferentes actividades para difundir el conocimiento sobre el papel de los denunciantes. También será encargada de conceder la recompensa a los acusadores. La Oficina para la Protección de Informadores será un órgano independiente de la administración estatal y su director será elegido por la Asamblea Nacional. Acorde con la nueva Ley, la protección atañe también a las personas cercanas a los confidentes, cuando éstas tengan el mismo empleador. La ley amplía la definición de las actividades contra la sociedad en delitos perpetrados por personas jurídicas. Según el jefe del Gobierno, Peter Pellegrini, esta normativa se desprende de la experiencia práctica, surgida después de introducir la Ley en 2014. "La enmienda a la Ley soluciona los puntos débiles de la normativa original, con base a los hechos reales, que en aquel entonces no pudimos prever", explica, añadiendo que la Ley especifica cuándo una persona puede obtener el estatuto de confidente. "Durante el período en que la persona está en condición de whistleblower, el empleador no puede decidir ningún cambio en lo referente a su posición laboral sin el consentimiento de la Oficina para la Protección de Confidentes", precisó el primer ministro. Pellegrini espera que estas medidas creen un ambiente seguro y motiven a los empleados a informar sobre actividades sospechosas sin temer la pérdida de su puesto de trabajo. "Queremos que la gente tenga la posibilidad de explicar lo que no les guste", aseveró Pellegrini. El diputado de oposición, Miroslav Beblavý, no comparte su opinión y no considera útil la creación de esta oficina. Dice: "El problema consiste en que los informadores de actividades ilegales no están protegidos en general en nuestra sociedad. Para ello no es necesario que surja una nueva oficina, sino que cambie la cultura política como tal".