Jozef Centes, el candidato elegido por el Parlamento eslovaco durante la anterior legislatura para ocupar el cargo de procurador general, está analizando la posibilidad de dirigirse al Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo si no son respetados sus derechos a tener un proceso legal justo e imparcial.
Así lo reveló el propio Čenteš para los medios de difusión, después de que se hiciera pública la noticia de que el presidente Ivan Gašparorič había dado luz verde a la moción del Reglamento de Organización y Personal del Tribunal Constitucional que la Asamblea Nacional, con los votos de los diputados de SMER-SD, había aprobado días atrás.
Ya anteriormente Čenteš había enviado una carta al Constitucional pidiendo que este dictaminara una medida cautelar que, por un lado, impidiese la entrada en vigor de dicha enmienda de ley y, por el otro, que no permitiera la puesta en marcha de un proceso para elegir a un nuevo procurador general.
El primer ministro Robert Fico, al referirse recientemente al asunto, seňaló que estaba llegando el momento de decir “basta“ y de elegir al procurador general, dado que Čenteš ya no era candidato para ocupar ese cargo.
La oposición, que desde el principio se opuso a los planes del Gobierno de desbloquear la situación originada en el Constitucional a causa de las objeciones presentadas por las partes litigantes contra algunos de sus magistrados, acudiendo a una enmienda de la ley existente, ha radicalizado su postura y ahora acusa al partido SMER-SD de tratar de utilizar la justicia con fines políticos.
Pavol Hrušovský, presidente del grupo parlamentario del partido KDH, ha calificado la aprobación de esa enmienda de ley como un acto legislativo que no tiene precedentes. “Atendiendo al hecho de que las decisiones del Constitucional no se rigen por un plazo de tiempo preestablecido, les he propuesto a los diputados de SMER-SD que se apruebe una moción que haga que el Constitucional, antes de 90 días, se pronuncie en torno a la ley corroborada por el jefe de Estado“, aňadió Hrušovský.
Peter Osusky, diputado del SaS, otra de las fuerzas políticas de oposición, afirmó que era realmente curioso que el magistrado Peter Brňak, uno de los jueces que había excluido del caso Centeš por indicios de parcialidad, tampoco estuviese de acuerdo con la decisión de la presidenta del Tribunal, Iveta Macejkova, de poner el caso en manos del primer senado, a pesar de que la ley que avalaría su decisión aún no había entrado en vigor.
