El Comité de la La Sociedad Eslovaca de Psiquiatría (SPS por sus siglas en eslovaco), a través de su presidente Michal Patarák, ha emitido un comunicado, en el que critica la reciente enmienda a la Constitución eslovaca. Según sus declaraciones, la reforma introduce en la Carta Magna una forma de discriminación y violación de la dignidad humana. A decir de Patarák, la formulación aprobada de que la República Eslovaca reconoce exclusivamente dos sexos, masculino y femenino, imposibilitará cambiar el sexo de las personas transexuales que viven en Eslovaquia. Los miembros de la Sociedad Eslovaca de Psiquiatría, en base a su profesionalidad, al respeto por los derechos humanos y los valores fundamentales de la humanidad, critica duramente dicha formulación, advirtiendo de ella a la sociedad eslovaca. Según sus palabras, se trata de un paso injustificado desde el punto de vista médico, éticamente inaceptable que viola los derechos humanos fundamentales. Asimismo, resaltan que la aprobación de esta enmienda discriminará jurídicamente a las personas transexuales residentes en Eslovaquia, imposibilitará su acceso a los servicios de salud y aumentará su sufrimiento y su exclusión social.
Mientras tanto, varias asociaciones del sector civil eslovaco han puesto en marcha una recogida de firmas para expresar su preocupación sobre la enmienda constitucional aprobada recientemente. Según los autores de la recolecta, este llamamiento público ofrece a los ciudadanos y a las ciudadanas, una posibilidad para expresar su desacuerdo con la mencionada enmienda constitucional. Los representantes de tres asociaciones cívicas: el Instituto Jurídico (Právny Inštitút), Posibilidad de Elegir (Možnosť voľby) y la Iniciativa Inakosť, que respaldan esta recogida de firmas, resaltan que dicha enmienda afectará negativamente la vida de ciudadanos y debilitará significativamente el carácter democrático de Eslovaquia. Por ahora, 53 organizaciones civiles ya se han sumado a esta actividad. Según sus declaraciones, un grupo de juristas reconocidos y ex magistrados del Tribunal Constitucional advierten de la incompatibilidad de esta enmienda con nuestros compromisos europeos e internacionales, especialmente, por el debilitamiento de la protección de los derechos humanos y por la inseguridad jurídica.
