La sociedad civil pide la actuación de la Comisión Europea ante la última enmienda constitucional

Organizaciones de la sociedad civil de la República Eslovaca y europeas piden a la Comisión Europea que reaccione inmediatamente ante la última modificación constitucional aprobada en nuestro país. A decir de Rado Sloboda, director de la filial eslovaca de Amnistía Internacional, dicho cambio representa un paso atrás sin precedentes en la protección de los derechos humanos en Eslovaquia. Según sus palabras, la última enmienda de la Constitución eslovaca es discriminatoria y viola nuestros compromisos, tanto europeos como internacionales. El director de Amnistía Internacional Eslovaquia, en nombre de los 57 organizaciones que han firmado una carta abierta a la presidenta de la Comisión Europea Ursula von der Leyen y también al eurocomisario de Democracia, Justicia, Estado de Derecho y Protección de los Consumidores Michael McGrath, pide a los países miembros de la Unión Europea el inicio de un procedimiento contra nuestro país por la violación de las normas comunitarias ante la Corte Judicial de la Unión Europea y que rechace claramente los cambios más recientes en la Carta Magna eslovaca. En su demanda apelan a la Comisión Europea que considere una congelación de los fondos comunitarios y que apruebe otras sanciones contra nuestro país, si el gobierno actual no modifica dichos cambios. A decir de Martin Macko de la iniciativa Inakosť, en este caso se trata de una de las decisiones más peligrosas aprobadas por el Parlamento eslovaco, que permitirá al gobierno el perdón de cualquier decisión que viole los derechos humanos y nuestros acuerdos internacionales. Simona Zacharová, encargada gubernamental para el desarrollo de la sociedad civil, ha recibido con extrañeza el contenido de dicha carta abierta. A decir de Zacharová, ella misma considera este acto como un precedente peligroso que afectaría no solamente al gobierno, sino también a muchos sectores de nuestro país. Según sus palabras, los fondos europeos no son un patrimonio del gobierno ni un instrumento de la lucha política, sino que se trata de recursos económicos públicos que deben ayudar. Zacharová en su reacción también resalta que, si convertimos los fondos comunitarios en un arma contra el propio país, perderemos lo más precioso: la confianza y la solidaridad.