El presidente eslovaco, Peter Pellegrini, ha anunciado la convocatoria de un referendo con dos preguntas para el 4 de julio. La primera, sobre la abolición de la llamada renta vitalicia y, la segunda, sobre el restablecimiento de la Fiscalía Especial y la Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen. La pregunta en torno a la solicitud de acortar el mandato electoral no será objeto de consulta, ya que, según el jefe de Estado, entra en conflicto con la Carta Magna.
Así pues, los votantes se pronunciarán sobre dos cuestiones: ¿Está de acuerdo con la abolición de la llamada renta vitalicia sobre las proporciones salariales de determinados funcionarios constitucionales en su versión modificada? y ¿Está de acuerdo con el restablecimiento de la Fiscalía Especial y la Agencia Nacional de Lucha contra el Crimen?".
El jefe de Estado aclaró que su tarea consiste en examinar si la comisión de petición ha presentado un número suficiente de firmas válidas y si la propuesta de convocar el referendo cumple con los requisitos de la Constitución.
El referendo fue impulsado por el partido extraparlamentario Demócratas, que ya ha anunciado que se dirigirá al Tribunal Constitucional.
El Gobierno eslovaco, a través de su departamento de comunicación, ha dicho que respeta la decisión del presidente.
Los partidos de oposición han criticado la decisión del mandatario de no incluir la pregunta sobre elecciones anticipadas.
Michal Šimečka, líder de Eslovaquia Progresista, asevera que Pellegrini se comporta como un jefe de Estado surgido de la actual coalición de gobierno y no como un presidente de todos los ciudadanos.
Igor Matovič, la principal figura del Movimiento Eslovaquia, dice que teme que un referendo con estas dos preguntas no tenga éxito.
El vicepresidente del Movimiento Cristianodemócrata, Viliam Karas, afirma que no está sorprendido por la decisión del presidente.
Acorde con la Carta Magna, el presidente de la República convoca una consulta popular si al menos 350.000 ciudadanos lo solicitan formalmente.
La Constitución eslovaca estipula que los resultados de un referendo son válidos si participa en él la mayoría absoluta de los votantes con derecho a voto y si la decisión es adoptada por la mayoría absoluta de los participantes en dicha consulta popular.
