La Oficina Antimonopolio detecta un cártel e impone multas récord a laboratorios clínicos

 La Oficina Antimonopolio de la República Eslovaca ha descubierto un cártel integrado por cuatro laboratorios clínicos y una asociación que operan en el mercado eslovaco y, por sus prácticas anticompetitivas en el sector sanitario, les ha impuesto multas que ascienden en total a 15 millones de euros. Según han informado esta semana representantes de la mencionada oficina estatal, por el momento se trata una decisión no vinculante, ya que la mayoría de empresas ya ha presentado recurso contra dicha decisión. El vicepresidente de la Oficina Antimonopolio Peter Demčák ha informado también que uno de los participantes en el cártel está cooperando con la investigación, por lo que la sanción ya le ha sido reducida. Según Demčák, el mencionado cártel está relacionado con el mercado de los análisis de laboratorios clínicos en todo el territorio de nuestro país y las prácticas anticompetitivas se realizaban tanto antes de la pandemia del COVID-19 como también durante la pandemia. Según sus palabras, la cuantía impuesta refleja la gravedad del caso, ya que representa el 10% del volumen global de negocios de las empresas implicadas. Además, como parte de las sanciones impuestas, los participantes del cártel no podrán participar en licitaciones públicas en Eslovaquia durante los próximos tres años. El casó comenzó a investigarse ya en el año 2023, cuando el departamento de Valor por Dinero, adscrito al Ministerio de Finanzas de la República Eslovaca, alertó sobre comportamientos sospechosos de varios laboratorios clínicos en contratos suscritos con las tres aseguradoras sanitarias que operan en el país. Según Demčák, la investigación oficial arrancó en 2024, se prolongó durante casi dos años y la resolución actual tiene más de 370 páginas. Según sus palabras, las prácticas ilícitas consistían en acuerdos sobre precios y otras condiciones comerciales, así como en el reparto del mercado y de los clientes, la coordinación en licitaciones públicas y el intercambio de información sensible. Como consecuencia de estas prácticas, la competencia en el mercado se vio limitada, lo que incrementó la presión sobre el gasto público y supuso una vulneración de la legislación vigente.