Bruselas reconoce avances en la Justicia eslovaca, pero mantiene algunas críticas

La Comisión Europea considera que Eslovaquia ha avanzado en varias de las reformas judiciales emprendidas durante el último año, aunque mantiene importantes reservas sobre la situación del Estado de derecho. En su informe anual, Bruselas destaca progresos en el fortalecimiento de la independencia del Consejo Judicial y en la futura eliminación del delito de “abuso del derecho”, una figura penal cuestionada por las instituciones europeas por permitir el procesamiento de jueces por sus resoluciones. También valora la reducción de los tiempos de los procedimientos judiciales. Sin embargo, el documento subraya que no se han producido avances en la persecución de la corrupción de alto nivel. La Comisión afirma que la capacidad de las autoridades para detectar, investigar y juzgar estos delitos ha seguido deteriorándose y expresa preocupación por la disminución del número de acusaciones y condenas por corrupción. Asimismo, insta a limitar el uso de las facultades extraordinarias del fiscal general para anular determinadas decisiones judiciales y reclama mejoras en la regulación del lobby, en la transparencia del proceso legislativo y en los mecanismos de control de las declaraciones patrimoniales de los cargos públicos. También advierte de que siguen pendientes reformas para reforzar la protección de los periodistas y garantizar la independencia editorial y de gestión de los medios públicos. El Gobierno de Robert Fico ha aceptado las conclusiones positivas del informe y destaca que Eslovaquia no ha recibido nuevas recomendaciones respecto al año anterior. El Ejecutivo sostiene que los avances reconocidos por Bruselas son fruto de las reformas impulsadas por el actual gabinete y asegura que continuará trabajando para corregir las deficiencias detectadas. No obstante, rechaza de forma tajante la evaluación sobre la lucha contra la corrupción, que considera parcial y carente de objetividad. Defiende que el poder político no interviene en las investigaciones penales y acusa a la Comisión Europea de aplicar un doble rasero al evaluar la situación en los distintos Estados miembros. El Ministerio de Justicia comparte esa valoración y sostiene que la legislación eslovaca cumple los estándares europeos. Además, defiende el mantenimiento de las facultades extraordinarias del fiscal general como garantía frente a posibles actuaciones arbitrarias en los procesos penales, aunque reconoce que seguirá analizando las recomendaciones formuladas por Bruselas. La oposición, por el contrario, interpreta el informe como una confirmación del deterioro institucional del país. Eslovaquia Progresista y el partido Za ľudí sostienen que las advertencias de la Comisión Europea reflejan el debilitamiento de la lucha contra la corrupción, la presión sobre los medios públicos y el progresivo desgaste de los mecanismos de control del poder bajo el actual Gobierno. Ambas formaciones reclaman medidas urgentes para restaurar la confianza en las instituciones y reforzar el Estado de derecho. El informe anual de la Comisión Europea vuelve así a situar el debate sobre la calidad democrática en el centro de la política eslovaca. Mientras Bruselas reconoce avances concretos en la reforma judicial, mantiene abiertas sus principales preocupaciones sobre la lucha contra la corrupción, la libertad de prensa y la transparencia institucional, cuestiones que siguen marcando el enfrentamiento entre el Gobierno y la oposición.